Interoperabilidad con la PIDE: de los 980 servicios del catálogo, 178 están activos, y el dato importante no es ese

Cuando una entidad plantea un proyecto que necesita datos de otra entidad, la conversación llega pronto a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y se queda ahí, en un terreno donde todo el mundo cita lo mismo: que existe, que la administra la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que la usan más de 450 entidades. Lo que casi nunca está escrito es qué servicios se pueden consultar de verdad hoy y con qué límites.

Eso sí está publicado, y en un sitio poco visitado: la PCM mantiene un catálogo de servicios en un archivo de hoja de cálculo. La última versión se publicó el 3 de septiembre de 2026 y se puede descargar desde la página de informes y publicaciones de la PCM. Lo hemos abierto y contado fila por fila. Esto es lo que dice.

Las cifras gruesas

El archivo trae 980 servicios numerados. Por columna de estado:

La columna de cumplimiento acompaña: 178 filas dicen «CUMPLE» y 802 dicen «NO CUMPLE». Son exactamente los mismos servicios, así que cumplimiento y estado están sincronizados en este archivo.

Dicho así, el 18 % de disponibilidad parece un desastre y no lo es. El reparto por tipo de entidad cambia la lectura entera.

El corte que hay que hacer antes de sacar conclusiones

De los 980 servicios, 797 los publican municipalidades distritales y provinciales, y de esos solo 31 están activos. Los 183 restantes corresponden a entidades nacionales y organismos, y ahí hay 147 activos: un 80 %.

Esa es la frase que nos habría ahorrado tiempo en varios proyectos. Si tu integración necesita consultar identidad, RUC, licencias de conducir, partidas registrales o antecedentes, lo más probable es que el servicio exista y funcione. Si tu proyecto depende de consultar a una municipalidad concreta, lo más probable es que ese servicio esté publicado en el catálogo y en estado pendiente.

En total, 57 entidades tienen al menos un servicio activo. El resto del catálogo, medido en filas, es una cola larga de municipios.

Qué hay activo, entidad por entidad

Los números de las entidades que más aparecen en los diseños que nos llegan:

La fila de RENIEC es la que más conviene mirar antes de prometer nada, porque es la entidad que aparece en casi todos los proyectos de identidad. Activos hay tres: consulta de DNI con identificación y estado civil, restricciones en la ficha —fallecido y restricciones generales— y domicilio legal con ubigeo.

Pendientes están los otros diez, y entre ellos los que suelen dar por hechos los anexos técnicos: la consulta biométrica de las huellas dactilares de ambas manos, la consulta de firma digitalizada por DNI, la consulta de DNI por nombres y apellidos, la fecha de caducidad del DNI y los datos del padre o de la madre.

Un proyecto de verificación de identidad que cuente con la huella para autenticar a un ciudadano necesita hoy otra vía. Y uno que quiera resolver la identidad para firmar documentos tiene que ir a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, no a la plataforma: es el mismo cruce que explicamos en la historia clínica electrónica y la firma digital, donde la ley encarga a RENIEC la autenticación en salud a través de esta plataforma y los servicios que harían falta siguen marcados como pendientes.

En SUNARP, cinco de los seis activos son consultas registrales. La que está pendiente es «Vigencia de Poderes y designación de representantes legales», que es justamente la que pide cualquier flujo de contratación pública o de apertura de expediente con representante. Habrá que seguir pidiendo la vigencia de poderes al administrado.

En SUNAT, once de doce activos, incluida la consulta individual de comprobantes de pago electrónicos emitidos, que sirve para validar contra la fuente lo que un proveedor declara. El mismo servicio, visto desde el lado de quien emite, está en comprobar por API que la factura que te dieron existe.

Los límites que están escritos y que nadie lee

El catálogo tiene una columna de acuerdo de nivel de servicio con las limitaciones de cada uno. En 53 filas hay algo escrito que no es el aviso genérico, y dos de esas anotaciones cambian el diseño de una integración:

SUNARP responde de 7:00 a 23:00. Sus seis servicios activos llevan la nota «Disponible de 7:00 AM a 23:00 PM», con una fecha de actualización de noviembre de 2021. Un proceso nocturno que consulte partidas registrales a las tres de la mañana no va a fallar por un error de tu código.

La SBS limita a 100 consultas diarias. Es la nota de sus seis servicios de tipo de cambio y tasa de interés legal. Cien al día es suficiente para una caja y se queda corto para un proceso masivo de valorización. Ahí la decisión de arquitectura es cachear el valor del día en tu lado, no consultar por operación.

Hay además una anotación que parece un error de copiado dentro del propio archivo: el servicio de presentación digital de solicitudes de inscripción de SUNARP lleva en su columna de acuerdo de nivel de servicio un texto sobre revisiones del registro de RUC. Lo dejamos anotado porque, si estás evaluando ese servicio, la nota no te va a servir.

Cómo se pide el acceso, en la práctica

El trámite está descrito en la ficha de la PCM para utilizar servicios de la plataforma, actualizada el 5 de noviembre de 2025. Es un oficio a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital con cuatro formatos:

1. Formato 1, acuerdo de consumo de servicio, firmado por la máxima autoridad administrativa de la entidad.
2. Formato 2, designación del responsable de la gestión del consumo de servicios de información, que suele ser el gerente de informática, firmado también por la máxima autoridad.
3. Formato A-1, uno por cada servicio de información solicitado, firmado por ese responsable.
4. Formato A-2, para publicar el servicio de consulta del acuerdo de confidencialidad.

Hay un orden que cuesta descubrir leyendo por encima y que retrasa proyectos: antes de solicitar el consumo hay que haber publicado el servicio de información de consulta de los acuerdos de confidencialidad del responsable de tecnologías y de los usuarios finales de la entidad. Es decir, la entidad que solo quiere consumir tiene que publicar algo primero.

Recibido el requerimiento, la Secretaría lo evalúa y, si no hay observaciones, entrega los manuales de uso con la información técnica. No hay plazo publicado en la ficha, y por eso la planificación razonable es tratar el acceso como una dependencia externa sin fecha, no como una tarea de la primera semana.

Dos cosas que conviene tener presentes

La plataforma no almacena datos. Lo dice la propia ficha de la PCM, dos veces. La plataforma enruta consultas; el dato sigue siendo de la entidad que lo produce, con sus reglas y su tratamiento. Para el diseño esto significa que la responsabilidad sobre el dato personal consultado no se diluye al pasar por ahí, y que el inventario de tratamientos de tu entidad tiene que incluir esas consultas.

Se está moviendo de sitio. La ficha de descripción de la plataforma, actualizada el 20 de febrero de 2025, dice que sus operaciones «estarán siendo implementadas» en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital. En el catálogo de septiembre de 2026 eso ya se ve: 972 servicios figuran en la plataforma antigua y 8 en la nueva. Ocho de novecientos ochenta es el estado real de esa migración a día de hoy, y es un buen motivo para no construir acoplado a un endpoint concreto.

La base normativa sigue siendo el Decreto Supremo 083-2011-PCM, con el que la plataforma se inauguró el 18 de octubre de 2011, más la serie de decretos posteriores que la propia ficha enumera.

Lo que no afirmamos

Que un servicio «activo» funcione en el momento en que lo consultes. El catálogo declara estado y cumplimiento en una fecha; no es un panel de disponibilidad en tiempo real.

Que el catálogo esté al día. El archivo publicado el 3 de septiembre de 2026 lleva dentro su propia fecha de actualización: 31 de julio de 2026. Las cifras de este artículo son las de esa foto.

Qué significa exactamente «Pendiente». La columna de acuerdo de nivel de servicio repite en muchas de esas filas el texto «Pendiente | Baja por Incumplimiento de ANS o Soporte», que apunta a servicios publicados y luego dados de baja por no sostener el nivel de servicio. El catálogo no define el término.

Cómo lo abordamos nosotros

En los proyectos de gestión documental y de expediente electrónico que hemos entregado a entidades del Estado, la regla que nos ha funcionado es sencilla y poco heroica: antes de comprometer un requisito que depende de un servicio de la plataforma, se comprueba en el catálogo y se pide el acceso en la primera semana del proyecto, no cuando el módulo está listo. Y se diseña siempre la alternativa manual para el caso en que el servicio no esté disponible, porque el expediente no puede detenerse por una consulta.

Esa alternativa manual tiene su propio coste y conviene decidirla a la vez que el diseño, igual que ocurre con el índice firmado del que hablamos en expediente electrónico.

Si estás dimensionando un proyecto de este tipo y quieres contrastar el alcance con lo que la plataforma ofrece hoy, conversemos sobre el alcance.